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Entre los procesos judiciales potencialmente afectados se encuentra el caso del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, que enfrenta cargos adicionales relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en 1992. La defensa de Fujimori podría alegar la prescripción de estos crímenes conforme a la nueva normativa.
15 de agosto de 2024