Una nueva legislación prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2022. El máximo responsable de velar por los derechos humanos advierte que contraviene las obligaciones de Perú en virtud de las leyes internacionales y alerta de un contexto de retrocesos en la esfera de las garantías fundamentales en ese país.

La Resolución 502 exhorta a la Oficina de Justicia Penal Global del Departamento de Estado de los Estados Unidos a llevar a cabo investigaciones exhaustivas y a publicar informes actualizados sobre las denuncias de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos en el Tíbet. Asimismo, la resolución solicita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nombre un relator especial para supervisar la situación en el Tíbet.

Dado el contexto político y eleccionario que atraviesa Venezuela, resulta conveniente pasar lista a la respuesta del derecho internacional frente a las denuncias por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro. En ese cometido, se relata principalmente la tramitación de la causa seguida ante la Corte Penal Internacional y se solapa una compilación de los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, en relación con ese delito.

En 1988, el gobierno iraní llevó a cabo ejecuciones de miles de presos políticos sin proporcionarles el debido proceso legal. Estas ejecuciones fueron supervisadas por un comité de tres personas, una de las cuales fue el ministro de Justicia, Mustafa Pour-Mohammadi. Pese a las protestas del ayatolá Montazeri, las ejecuciones continuaron, y se estima que causaron entre 2.800 y 4.481 muertes.

El 1 de julio, la Corte IDH ordenó a Perú en una resolución que a través de sus tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— “tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia” a un proyecto aprobado el jueves 4 de julio en el Congreso “que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú” desde antes de 2002.

Demandan a la ONU impedir medidas de impunidad, como amnistías, que impidan la posibilidad de enjuiciar y sancionar a responsables de crímenes

La condena se fundamenta en el principio de jurisdicción universal reconocido en la legislación suiza, que permite el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves independientemente del lugar de comisión o la nacionalidad de las personas implicadas.

La reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI en la situación de Venezuela quedó en firme ¿Qué sigue? ¿Qué oportunidades surgen?

Un Estado que, como Venezuela, no ha incorporado los crímenes de lesa humanidad en su derecho interno, si bien no está obligado a investigar los presuntos hechos delictivos bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, debe, no obstante, investigar las acusaciones fácticas que sustentan los elementos contextuales de tales crímenes.

En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Gelman. ¿Cuál ha sido el impacto de esta decisión en Uruguay?