La condena se fundamenta en el principio de jurisdicción universal reconocido en la legislación suiza, que permite el enjuiciamiento de crímenes internacionales graves independientemente del lugar de comisión o la nacionalidad de las personas implicadas.

La reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI en la situación de Venezuela quedó en firme ¿Qué sigue? ¿Qué oportunidades surgen?

Un Estado que, como Venezuela, no ha incorporado los crímenes de lesa humanidad en su derecho interno, si bien no está obligado a investigar los presuntos hechos delictivos bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, debe, no obstante, investigar las acusaciones fácticas que sustentan los elementos contextuales de tales crímenes.

En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Gelman. ¿Cuál ha sido el impacto de esta decisión en Uruguay?

Su actuación permitió que decenas de criminales nazis fueran condenados por crímenes contra la humanidad. Tras los juicios tuvo una destacada carrera académica y abogó activamente por la creación de un tribunal penal internacional, lo cual se concretaría finalmente.

Las declaraciones del Fiscal se realizaron como respuesta a un comunicado realizado por el gobierno venezolano, en el que cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Previamente, la Corte había ordenado la prosecución de la investigación tras desestimar los alegatos del régimen.

En su informe manifiestan que el régimen ha llevado a cabo una represión “generalizada y sistemática, por motivos políticos”, utilizando para ello todo el aparato represor de su régimen. Para lograr la consecución de sus fines, Ortega ha instrumentalizado las instituciones de los tres poderes del Estado.

La sentencia apelada articula de manera clara las consideraciones relevantes que informaron su ejercicio de discreción al imponer la sentencia conjunta de 25 años de prisión.

Las víctimas no han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones en los procedimientos judiciales ante la Corte. Los procedimientos de confirmación en ausencia de Kony les darían esa oportunidad, que puede utilizarse para dejar en claro la naturaleza limitada y el propósito de la investigación de la Sala, no como un fin en sí mismo, sino como un paso más hacia la rendición de cuentas de un sospechoso que ha estado prófugo por más de 17 años.

Existen bases razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (miembros de los “colectivos”) cometieron como encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución sistemática contra disidentes por motivos políticos.