Mahamat Nouradine Adam habría facilitado instalaciones gubernamentales a la facción armada Seleka, para cometer crímenes contra la población partidaria del ex presidente Bozizé.
Durante el examen de las objeciones preliminares presentadas por Myanmar, se estimó que la Corte posee jurisdicción sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Los argumentos del Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial se acomodan al canon constitucional de la atipicidad de las conductas denuncias, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía.
Existen antecedentes suficientes que indican la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como consecuencia de una política del Estado, en el sentido de los artículos 7.1 y 2.a del Estatuto de Roma.
No existe un actuar ilegal y/o arbitrario por la autoridad, ya que se ajustó a lo previsto por la Ley 19.856 y los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.
De no presentarse recursos contra la resolución que confirmó los cargos se iniciará un juicio ante una Sala de Primera Instancia.
La comisión y participación en delitos aberrantes ejecutados desde el aparato estatal o en hechos que atenten contra el sistema democrático, repugna cualquier reconocimiento que pretenda fundarse en el honor de servir a la Nación argentina.
La Corte tiene plazo hasta el 23 de julio para emitir una decisión sobre este respecto.
