Recientemente los funcionarios de Gendarmería han sufrido numerosos episodios de violencia, amenazas y riesgo para su integridad.

Las cifran dan cuenta de que la mayor cantidad de sustancias o elementos prohibidos que se encuentran al interior de recintos penitenciarios son hallados en el patio o en el techo del recinto, que las incautadas en las celdas.

El chileno hoy ya no le teme al robo de su celular o a un “lanzazo”, sino más bien a un abordaje o a un portonazo que le cueste la vida o a encontrarse en medio de un ajuste de cuentas por el que ellos o sus familias pierdan la vida producto de una bala loca.

Implica la invisibilización de un delito brutal tan solo porque el sujeto activo no es un “funcionario público”. Ello puede constituir una diferencia arbitraria conforme al inciso segundo del art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en cuanto señala que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

En la investigación de ciertos delitos es de particular relevancia para el Ministerio Público y las policías contar con el tráfico de llamadas o de datos por internet en el más breve plazo posible.

El perfil del criminal de bandas organizadas nos habla de un individuo perverso, egocéntrico y que le otorga un alto valor a los bienes materiales y a los lujos. De hecho, una de las principales razones por las cuales actúan dicen relación, precisamente, con la posibilidad de adquirir bienes de alto valor de los cuales poder presumir, de allí la importancia de decretar judicialmente la extinción del dominio de los mismos y su traspaso al Estado.

Uno de los elementos principales que justifican la prohibición de la caución para criminales del crimen organizado es el riesgo inherente de que utilicen recursos provenientes de actividades delictivas para el pago de la fianza.

Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.

El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.

El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de equiparar el crimen organizado con el desarrollo de conductas terroristas por ser ambos tipos delictuales, por esencia, contrarios a los derechos y libertades de las personas.