Uno de los elementos principales que justifican la prohibición de la caución para criminales del crimen organizado es el riesgo inherente de que utilicen recursos provenientes de actividades delictivas para el pago de la fianza.

Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.

El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.

El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de equiparar el crimen organizado con el desarrollo de conductas terroristas por ser ambos tipos delictuales, por esencia, contrarios a los derechos y libertades de las personas.

Resulta necesario establecer la obligación a quienes operen vuelos de transporte aéreo de pasajeros al interior de nuestro país, el envío de información a los organismos encargados del resguardo de la seguridad pública, con el objeto de coordinar esfuerzos que permitan poner una barrera más a las actividades ilícitas.

Un estudio del Centro de Análisis Criminal (CENACRIM) de la Policía de Investigaciones del año 2022 dio cuenta que la PDI había investigado 564 robos en modalidad de “motochorro” (robo por sorpresa o intimidación por parte de una persona que conduce una motocicleta) ocurridos durante 2021 en la Región Metropolitana.

No son pocos los casos donde países extranjeros no remiten con premura los antecedentes penales del imputado y en dicho caso en el proceso no constará la irreprochable conducta anterior.

La iniciativa busca que los municipios puedan entregar a los funcionarios municipales de seguridad elementos de defensa y protección personal para repeler ataques y agresiones de las cuales pueden ser víctimas en el cumplimiento de sus labores preventivas en materia de seguridad pública.

La regulación de las condiciones de seguridad de los establecimientos penitenciarios, se encuentran, en general, establecidas en normativa infralegal, pese a que estas condiciones son las que permiten alcanzar el debido equilibrio entre los derechos fundamentales de los privados de libertad, el debido orden y disciplina del recinto y el imperativo que los internos no sigan cometiendo delitos.

Para abordar el fenómeno delictual desde una perspectiva integral que no solo implica adoptar acciones por parte de nuestras policías, sino también desde los distintos actores tanto públicos o privados, como las empresas de transporte terrestre para poder integrar las capacidades e información a fin de coordinar las acciones y establecer una respuesta integrada, única y eficaz.