La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.

El papel de “vigilancia” de los medios de comunicación es especialmente importante en ese contexto, en el que el periodismo de investigación podría contribuir a que las autoridades sean obligadas a rendir cuentas. Además, los límites de la crítica aceptable son más amplios para un político que para un particular. Esto se aplica aún más al demandante, que no era un político corriente sino un jefe de Estado.