El fallo se enmarca en el contexto de principios internacionales sobre derechos humanos y medioambiente, tales como los establecidos por el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que promueven el deber de los Estados de aplicar efectivamente sus regulaciones ambientales y de ofrecer recursos legales ante las violaciones de derechos humanos y normativas ambientales nacionales.