La reclamación alega como daño ambiental, causado por la Compañía Minera, la pérdida del componente hídrico, esto es, la disminución de la cantidad física de agua que está presente en el acuífero del río Copiapó

El Consejo solicita que el Tribunal acoja la demanda y declare que se produjo un daño ambiental por culpa o dolo de Anglo American, condenándola como autora del daño a repararlo materialmente. Para ello propone que repare materialmente una vega altoandina de características similares, en términos de extensión, composición y valor ecológico, ubicada en la cordillera de la Región de Valparaíso.

La visita decretada se enmarca en la obligación que pesa sobre el Tribunal Ambiental en orden a realizar el correspondiente control de indemnidad del daño causado.

La visita se relaciona con una demanda de reparación de daño ambiental deducida por el Fisco de Chile, por extracción de aguas superficiales y subterráneas por más de 30 años en el Desierto de Atacama.

La demanda relata que, a los pocos meses de adquirida la vivienda se comienzan a oler hedores insoportables que venían de la tierra, el piso comenzó a deteriorarse y deciden hacer reparaciones. En ese momento, notaron que debajo de la tierra había basura en descomposición.

La actora asocia los fuertes dolores de cabeza, dolores de estómago, cólicos, náuseas, vómitos y problemas respiratorios, sufridos por ella y su familia, a la presencia de desechos y basura enterrada bajo el inmueble.

El CDE señala que las fiscalizaciones de las autoridades ambientales y sectoriales permitieron establecer que la demandada no mantuvo las condiciones de seguridad apropiada en el Centro de Engorda de Salmones.

La demanda señala que no se ha dado cumplimiento a la legislación ambiental vigente, especialmente el DS N° 90/2000 de la SEGPRES que fija la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marítimas y continentales superficiales.

La resolución señala que, pendiente el pronunciamiento de fondo es razonable atender a un criterio de prevención que informa la legislación ambiental y con ello resguardar un interés ambiental jurídicamente tutelado.

El tribunal señala que, dado estado procesal de la causa, el demandante se encuentra exento de cumplir con carga procesal alguna.