El incumplimiento por parte del alimentante también genera impacto y consecuencias negativas en la progenitora reclamante. A la madre, además de cumplir debidamente con sus obligaciones parentales, se le ocasionan privaciones en su proyecto de vida, sufre la exigencia de esfuerzos suplementarios para cubrir desidias ajenas, y se ve obligada a litigar, con el desgaste anímico, temporal y económico que ello implica.

Frente al consumidor no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a aquél por el solo hecho de haber tenido esa intervención. Esto conduce a descartar que el vendedor pueda considerarse “ajeno”, toda vez que la norma parte del presupuesto de que los responsables han participado en la actividad generadora del daño.

Las autoridades no tomaron medida alguna para evaluar las amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no consideraron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble.

El derecho italiano no ofrece garantías adecuadas y efectivas contra los abusos a personas que han sido sometidas a una medida de interceptación pero que, al no ser sospechosas ni acusadas de estar implicadas en un delito, no eran partes en el proceso. En particular, no había ninguna disposición que permitiera a esas personas solicitar a una autoridad judicial una revisión efectiva de la legalidad y necesidad de la medida.

No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.

El acceso de los niños adoptados a la información sobre sus orígenes biológicos es una cuestión delicada y ética. En el caso concreto, las autoridades no hicieron ningún intento de establecer si los padres biológicos de la demandante realmente habían expresado el deseo de que su adopción permaneciera en secreto.

Aunque la Corte Suprema nacional se había referido a los principios aplicables del Convenio y a su jurisprudencia, no estaba convencida de que hubiera logrado un equilibrio justo entre los derechos en conflicto contemplados en el Convenio. En particular, trató al actor como a un periodista de investigación y una “persona pública” y decidió aplicar en su caso la presunción de buena fe aplicable a estos corresponsales”.

La publicación de fotografías que mostraban la intimidad de sus parejas mientras viajaba o en fiestas era un elemento básico de las redes sociales. La reacción hostil de su empleador ante el hecho de que lo hiciera se debió a la falta de aceptación de su sexualidad.

La legitimación procesal denota la posición subjetiva de las partes frente al debate judicial, desde el momento en que no es suficiente alegar un derecho, sino, además, afirmar su pertenencia a quien lo hace valer y contra quien se deduce, de tal modo que la causa tramite entre los sujetos que, en relación con la sentencia, puedan ser útilmente los destinatarios de los efectos del proceso y, por consiguiente, de tutela jurisdiccional.

Que el franquiciador haya venido cobrando el canon de la franquicia al franquiciado, o que haya cobrado también las prótesis y demás productos que ha suministrado al franquiciado, no lo hacen responsable de las consecuencias de los incumplimientos contractuales del franquiciado respecto de sus clientes ni obliga al franquiciador a dar a los clientes una solución ante tales incumplimientos.