La Magistratura Constitucional concluye que el requerimiento de inaplicabilidad no contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción de los derechos y garantías constitucionales alegadas como transgredidas.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que obliga al Estado a indemnizar con $25 millones a Jan Christopher González, quien fue gravemente herido por un disparo policial en un procedimiento que lo dejó absuelto de cargos por homicidio frustrado.
El Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo falló a favor de una comerciante que sufrió amenazas e insultos reiterados luego de una transacción comercial. La resolución establece que los actos constituyen un daño psicológico severo, que incluso llevó a la víctima a requerir atención de salud mental. Este caso subraya los límites legales frente al abuso en plataformas digitales.
La sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno favorece a un auxiliar de servicio del Cesfam Rahue Alto, quien sufrió un accidente laboral en abril de 2024. La municipalidad deberá indemnizarlo por daño moral y daño emergente, y cubrir las costas del juicio.
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de la Sociedad Implant Laser y un odontólogo, condenados al pago de $613.000 por daño emergente y $2.500.000 por daño moral debido a la instalación negligente de implantes dentales. El máximo tribunal determinó que no existían errores de derecho en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Los actos jurídicos controvertidos se ubican en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC): la organización, dirección o participación en manifestaciones violentas u otros actos de violencia pueden justificar una acción de la Unión en ese ámbito para consolidar y apoyar la democracia y el Estado de Derecho en un país tercero.
En lo relativo al daño emergente (devolución de los montos abonados por ambos paquetes) queda claro que la norma habilita el reintegro de los pasajes a una persona distinta a la designada en el contrato de transporte aéreo, cuando el pago fue realizado por otro sujeto.
Las autoridades no lograron encontrar un equilibrio justo entre las demandas del interés público, por un lado, y el derecho del demandante al disfrute pacífico de sus posesiones, por el otro. En consecuencia, hubo una violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 del Convenio en relación con la parte del terreno que no estaba ocupada por edificaciones no autorizadas.
La Magistratura Constitucional consideró que el artículo 2331 restringe la reparación integral del daño moral derivado de la vulneración del derecho a la honra, derecho fundamental garantizado por la Constitución. La norma limita la indemnización solo a ciertos daños patrimoniales, excluyendo el daño moral, lo que afecta el contenido esencial del derecho y contraviene el principio de reparación integral de los perjuicios sufridos.
La vendedora ocultó al comprador el real estado de una casa vendida en la ciudad de Osorno, desperfectos que eran notorios por el mero hecho de habitar el lugar, y que obligaron al comprador a invertir en reparaciones para poder dejar el inmueble en estado de ser utilizado para vivienda.
Cuando se alega el error de hecho en la valoración de la prueba la primera labor del Tribunal de apelación será realizar un juicio crítico de la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, constatando ante todo su existencia y estructura racional, que la misma se corresponde con el resultado de la prueba practicada en el juicio.
