La empresa tenía el deber de obrar en consecuencia de la buena fe y del principio de prevención, que comprende el de evitar el agravamiento del daño. Y es evidente que la continuidad de las publicaciones en la red es causa del perjuicio.

La actora solicitó el pago de $52.800.000.- por daño moral, petición desestimada por el máximo Tribunal, al considerar que “el mero hecho de dictarse un sobreseimiento definitivo no transforma automáticamente a la resolución que dispuso la prisión preventiva en injustificadamente errónea o arbitraria”.

La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce la indemnización en proporción al daño acreditado.

Debe pagar 45 millones de pesos en favor del demandante, por no cumplir con la obligación de capacitar y brindar seguridad al trabajador, que constantemente fue expuesto a labores de fuerza sin contar con los elementos técnicos adecuados ni instrucción previa, aún después de ser diagnosticado por la ACHS que ordenó que el actor debía realizar trabajos livianos.

El juez estableció la responsabilidad extracontractual de la entidad bancaria que, con su actuar negligente, provocó perjuicios al demandante al enviado sus antecedentes al boletín comercial por una deuda que le era del todo ajena.

La Corte Suprema estimó que la petición del recurrente es un intento de cambiar los hechos asentados por la magistratura, y evidencia su disconformidad con el resultado del fallo cuestionado, sin ser capaz de puntualizar alguna regla exacta de aquellas que regulan la prueba, que presuntamente haya infringido el sentenciador de fondo.

En abril de 1988, el comunero mapuche junto a un grupo de estudiantes universitarios fue detenido en Valparaíso durante una protesta en contra de la dictadura cívico militar, permaneciendo 10 días detenido en Quillota, lugar donde fue torturado e interrogado por agentes del Estado por su participación activa como miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Al suministrar la anestesia, el profesional quebró al interior de la mandíbula del demandante una aguja, quedando al interior del músculo del afectado una porción metálica de 2 centímetros de largo, la que fue extraída tiempo después en un procedimiento no contemplado inicialmente, y que daño física y emocionalmente al actor.

El ente rector del balompié nacional vulneró la imagen, integridad psíquica, y libertad del trabajo del ex árbitro, al adoptar medidas que hicieron suponer malos tratos hacia el funcionario luego de darse a conocer una serie de reclamos del sindicato de árbitros de fútbol local, por presuntos actos de corrupción de Castrilli.