El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la dignidad, la igualdad ante la ley, el derecho a la honra y el principio de seguridad jurídica, ya que impide de forma absoluta reclamar la indemnización del daño moral en caso de imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de una persona.

El ganadero dio muerte al jaguar por los presuntos ataques al ganado de su hacienda y tras publicar un video en redes sociales dando cuenta del hecho fue multado y arrestado por la comisión de un delito ambiental. Sin embargo, fue liberado tras suscribir un acuerdo de persecución no penal con el Ministerio Público.

La fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior, la dignidad de la persona humana. De manera que la acción indemnizatoria derivada de estos delitos no es una simple acción patrimonial, sino que tiene carácter humanitario.

La Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, por manifiesta falta de fundamento.

La conducta de la entidad bancaria para con el actor, no sólo resulta contraria al trato digno que merece todo consumidor de conformidad con la norma aplicable y el principio de buena fe que debe primar en toda relación contractual, sino que además denota un claro y grave desprecio por el derecho del contrario.

Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.

Debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, sin que pueda afirmarse que el término ladrón sea un insulto injustificado que permitiría invertir la prevalencia en el conflicto entre derechos fundamentales en favor del honor, cuando los agravios guardan relación inmediata con hechos anteriores que, con cierto fundamento, hacen dudar del empleo adecuado de los fondos comunitarios.

Las autoridades estonias no identificaron ni examinaron las circunstancias particulares del caso, ni evaluaron los diversos derechos e intereses de las personas involucradas, incluidos los del solicitante, en cualquiera de los dos procedimientos que permitieron la adopción o los relativos a su nulidad. Por tanto, se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio.

La Décimo Tercera Sala del tribunal afirma que resulta útil tener en consideración que los testigos aluden al extenso lapso de tiempo por el cual la actora se mantuvo con la preocupación constante por los vicios que presentaba el departamento y las manchas y hongos que se apreciaban en la pintura del cielo.

Una escribana «injuriada» en la redacción de una demanda por simulación de una escritura donde intervino, demandó al abogado y sus clientes por los daños que esos dichos le ocasionaron a su «credibilidad profesional» al acusarla de un delito. La acción prospero en primera instancia pero se declaró prescripta en la alzada.