Demandó a Gaga por incumplimiento de contrato, fraude por promesa falsa y fraude por tergiversación. Alegó que sufrió daños compensatorios, angustia mental, dolor y sufrimiento y pérdida del disfrute de la vida como resultado de no recibir pago. Aseguró además que no sabía que los perros eran robados.

La violencia exigida en el delito de coacciones no es solo la física, sino también la vis compulsiva dirigida a compeler al destinatario de la misma a atenderle imperativamente a requerimiento o demanda en contra de su voluntad. En este caso, a la vista de la reiteración en el mismo día de las llamadas, se excede lo que pudiera considerarse ordinario en la relación profesional abogado-cliente.

Se demandó la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a un Fiscal Adjunto del Ministerio Público, en circunstancias que los hechos denunciados fueron realizados en el ejercicio de su labor como funcionario y no como persona natural. La actora debe dirigir la acción en contra del Fisco de Chile, en atención al artículo 5 de la Ley Orgánica del ente persecutor.

Los jueces del fondo invocaron la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual -4 años-, para desestimar la indemnización por daño moral, solicitada por una víctima de tortura en manos de agentes del Estado, desde octubre de 1973 hasta agosto de 1974. El máximo Tribunal, hizo notar que la responsabilidad internacional de Estado en este tipo de casos es objetiva, por lo que la víctima debe ser reparada de forma prudencial.

El municipio instó por el rechazo de la acción, aduciendo que el accidente lo produjo un simple desnivel propio de todas las aceras del país, argumento que fue estimado como una confesión judicial espontánea por el máximo Tribunal, que da cuenta del conocimiento que tiene el demandado del mal estado de la infraestructura de la comuna, dando por acreditada la falta de servicio.

El actor supo de antemano y aceptó las reglas diseñadas por la demandada a fin de asignar esos celulares a quienes resultaran beneficiarios. Es decir: si se aceptara que concurrió al lugar y se pasó la noche esperando, lo más que podría derivarse de esa circunstancia es que ello ocurrió porque el actor buscó colocarse en mejor posición que los demás interesados para adquirir, como efectivamente ocurrió, al celular que deseaba.

La magistrada acogió la demanda de responsabilidad contractual entablada contra la clínica privada, tras establecer infracción a la lex artis en la intervención practicada a la demandante, quien presentaba un síndrome lumbociático derecho y, tras varias intervenciones, debió recurrir a otro centro asistencial.

El máximo Tribunal anuló el fallo recurrido, al observar que los jueces de fondo no expusieron los razonamientos que los llevó a acoger la acción y decretar un monto indemnizatorio de $1.000.000.- en circunstancias que se encontraba asentado el daño psicológico y físico al que fue sujeto el actor.

En la sentencia, el magistrado acogió parcialmente la acción, tras establecer que la demandante, quien se desempeñaba como cirujana en el recinto asistencial de alta complejidad, fue víctima de maltrato laboral entre 2020 y 2022.

La importancia de la obligación de negociar de buena fe entre las partes para la obtención de un acuerdo, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas, y que la empresa acredite de forma justificada los motivos que le impiden la concesión de lo solicitado por la trabajadora que ejercita su derecho a conciliar. En este caso la empresa no propuso alternativas de conciliación ni alegó necesidades organizativas que pudieren prevalecer frente a las de la trabajadora.