Cuando el perito determina que el trastorno que presenta la víctima justifica un tratamiento especial, aquélla puede percibir ese monto, como un rubro más del resarcimiento, incluso en el caso de que decida no hacer ningún tratamiento, y cargar con el peso de su malestar. La frecuencia y duración siempre serán estimativas, pues está claro que nadie puede predecir con certeza cuándo se curará una persona.

El colegió intentó esconder la agresión indicando que sólo se trató de “una caída durante el recreo”, no obstante, el personal de salud que asistió al menor dio cuenta de una lesión renal ocasionada por un fuerte golpe, irregularidad que puso de manifiesto una errada aplicación del protocolo de accidentes escolares de parte del establecimiento.

El local acreditó que el consumidor dejó la mochila encima del mesón de custodia y no siguió con el procedimiento de rigor con que operan los servicios de custodia.

Para establecer la cuantía del daño moral el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para luego fijar una indemnización que compense el daño sufrido por lo que queda sujeto al prudente arbitrio judicial que ha de atenerse a una recta ponderación de las constancias que emanan del proceso.

La lesión moral se configuró y por ello el ejecutante debe ser resarcido. Ahora bien, aunque el factor descrito no es motivo para demeritar el menoscabo en cuestión, según se explicó, sí lo es para mitigarlo. Es decir, la magnitud del daño se atenúa ante esa situación, pues si médicamente la cirugía no se determinó en categoría urgente, ello hace concluir, bajo las máximas de la lógica y la experiencia común, que la preocupación y angustia del actor no fuesen tan elevados.

La Ley de Defensa del Consumidor contiene normas de interpretación específicas entre las que se destaca la regla “in dubio pro consumidor”, por la cual, en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece la ley, deberá prevalecer la más favorable al consumidor.

En la sentencia, la magistrada acogió la acción tras rechazar la excepción de caso fortuito argüida por la demandada.

La responsabilidad por la atribución falsa de paternidad se rige por los principios generales de la responsabilidad civil. La antijuricidad está dada por la atribución falsa de un estado de familia, obrar antijurídico que halla su fundamento en el deber de no dañar al otro. Esto se plasma en la actitud culpable o dolosa de quien mantiene relaciones sexuales con un tercero en la época de la concepción y lo oculta al progenitor emplazado.

La demandante llevó a su hijo al consultorio Miraflores, donde luego de esperar horas para ser atendido por una crisis respiratoria, fue enviado a su domicilio, sufriendo un paro cardiaco a la salida del recinto, falleciendo 11 días después en el Hospital de la ciudad, debido a una reacción alérgica hacia uno de los medicamentos suministrados en el consultorio.

La responsabilidad del Estado emana del actuar doloso de un funcionario de Carabineros en servicio que disparó la carabina lanza gases que portaba, al rostro de la víctima, sin respetar la normativa vigente en relación a los protocolos del uso de armas.