Se reúnen los requisitos exigidos por la norma para la procedencia del reclamo por daño directo impetrado en nombre de la niña en tanto el acto es antijurídico, el demandado ha actuado con culpa, se ha generado daño moral por ausencia de la figura paterna y falta del emplazamiento familiar correspondiente, que la niña sufre con independencia de su discernimiento. Este daño guarda una relación causal adecuada con la conducta omisiva.

Por consiguiente, este ítem indemnizatorio no puede calcularse mediante la pérdida de una ganancia cierta. El recurrente perdió cuatro dedos de la mano derecha, por lo que atendida su edad, actividad realizada, y estimación de lo que dejó de percibir a futuro, el máximo Tribunal concedió el monto indemnizatorio por los perjuicios ocasionados por un accidente laboral, a título de lucro cesante.

No existió una notificación de la cesión al consumidor con carácter previo a la acción ejecutiva rechazada y, por ende, este contrato le fue inoponible hasta entonces. De esta manera, el banco actuó ante el actor como si hubiera continuado siendo su acreedor, con lo cual la certificación de libre deuda expedida acredita la cancelación del crédito cedido e implicó la generación del derecho del actor de liberarse y repeler las acciones en su contra.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

La judicatura de fondo no razonó adecuadamente sobre la prueba aportada al juicio al estimar que no existía responsabilidad del municipio por falta de servicio, debido a la pobre mantención del juego que produjo el accidente.

El Tribunal de alzada condenó en costas a los demandados tras establecer que comparten responsabilidad por las graves lesiones que sufrió la demandante y que le provocaron una incapacitad laboral del 50%.

En la determinación del quantum se debe valorar la intensidad del daño y no se pueden desconocer las circunstancias fácticas accesorias de la conducta dañosa. No puede soslayarse que la duración de la privación ilegítima fue de cuatro días, aspecto que debe ser tomado en cuenta al fijar la indemnización en forma prudencial.

La Tercera Sala del máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones y en fallo de reemplazo confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio del municipio por incumplir la obligación de supervisar la manipulación de elementos riesgosos al interior del establecimiento educacional, pero consideró prudente elevar la indemnización a un monto más condigno al sufrimiento causado a las demandantes.

La conducta de la demandada fue intensa y afectó la esfera personal del actor, produciendo un daño moral indemnizable al haber ocasionado impotencia en él ante la imposibilidad de poder explicar siquiera su situación, ansiedad e incertidumbre en orden a la reclamación de dineros que se cobraron arbitrariamente.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que estableció la responsabilidad compartida del especialista y del Estado en la intervención médica negligente.