Corresponde resarcir a los demandantes del daño causado con la muerte de la víctima, por cuanto fue consecuencia del actuar negligente del conductor.

Los razonamientos del fallo de primer grado sirvieron para fundar tanto el monto de la indemnización fijada en esa instancia como en alzada.

La actora le depositó su absoluta confianza para resolver el problema que en ese momento la aquejaba, pero la letrada no le respondió los mails, ni las llamadas, dejándola en un estado de indefensión absoluta.

Como consecuencia del incumplimiento del contratista, la demandante debió realizar un desembolso económico adicional para reparar las faenas no terminadas, mientras habitaba en una vivienda de emergencia.

El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial deducida por el municipio, tras establecer que la sentencia recurrida se adoptó sin infracción legal.

En los hechos probados figura que la causa de la muerte del trabajador fue no solo el EPOC hipercápnico, sino también la enfermedad profesional, asbestosis pulmonar.

La empresa no logró desvirtuar la presunción de culpabilidad del empresario, por cuanto no demostró que no podía prever o impedir el hecho empleando la autoridad que la ley le confiere.

La existencia de una suspensión condicional de procedimiento no impide al actor reclamar en esta sede la responsabilidad civil del demandado.

El municipio es responsable del accidente sufrido por la demandante, pues omitió precaver el peligro de caída para transeúntes y ciclistas que circulen por el borde costero.