El plazo de 60 días para ejercer la acción se cuenta desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales.
determinó que debía otorgarse indemnización por daño moral, ya que, a raíz de las secuelas generadas por la intervención quirúrgica, la accionante experimentó malestar, debiéndose someter a cirugía correctora.
Para que opere la presunción de culpabilidad del artículo 2329 del Código Civil es necesario probar que la demandada incurrió en conductas u omisiones en la realización de una actividad peligrosa.
Al momento de la inscripción la demandante poseía una deuda cierta, exigible y no controvertida con el banco que fue inscrita en conformidad a derecho.
La demandada fue condenada al pago de $40.000.000 más reajustes e intereses.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, con declaración que se elevó el monto de la indemnización a $15.000.000.
La actora no logró probar los hechos en que fundó sus pretensiones.
El Tribunal estableció responsabilidad del centro de salud por no mantener condiciones de seguridad y señalética en la zona de desplazamiento de usuarios.
El hospital brindó un servicio deficiente que ha provocado múltiples problemas psicológicos a las demandantes.
El arbitrio careció de fundamentos de derecho en atención a la causal invocada.
