La protección penal de los agentes en el ejercicio de sus funciones desaparece cuando actúan, no en cumplimiento de la legalidad sino de forma arbitraria y abusiva como en el presente caso, de modo que no cabe exigir al ciudadano que quede inmóvil, pasivo e inerme ante el abuso policial sino que es comprensible y tolerable un cierto nivel de oposición física siempre que exista la debida proporcionalidad.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada  por el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, con declaración que se eleva el monto indemnizatorio a la suma de $210.000.000.

El Tribunal de alzada descartó vulneración a las reglas lógicas de razón suficiente y no contradicción en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció la responsabilidad de la demandada en el accidente.

La víctima estuvo 38 días privada de libertad en un centro de detención clandestino, lugar en que fue torturada para obtener una confesión incriminatoria por delitos de carácter político.

El término «agente extranjero» asignado a las personas físicas o jurídicas demandantes obstaculizó considerablemente sus actividades, ya que les impuso obligaciones adicionales en términos de contabilidad, control, presentación de informes y divulgación, así como un obstáculo para su participación en las elecciones.

Al sopesarse el daño causado al empleador del demandante con el interés del público en recibir la información divulgada a la prensa por éste, la exactitud de los hechos divulgados y la severidad de la sanción impuesta, se aprecia que la interferencia en la libertad de expresión del actor no fue necesaria en una sociedad democrática.

El link para rescindir los servicios contratados deberá ser de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado.

En lo atinente específicamente al reclamo efectuado con relación al daño estético, debe dejarse en claro que el daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.) sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales.

La práctica o norma que está en juego no es neutra, sino única y exclusiva de la condición femenina, pues solo respecto de las mujeres cabe exigir el cumplimiento de las obligaciones empresariales que a la postre, se derivan de las disposiciones en materia de prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia. Se ha violado su derecho de igualdad.

Si bien el daño moral debe ser acreditado para su indemnización, su demostración varía según el caso. En situaciones de lesiones corporales, como en el accidente de tránsito sufrido por los demandantes, es evidente que estas generan dolor físico y psicológico, lo que integra el concepto de daño moral. Por lo tanto, no es necesario demostrar específicamente el daño moral, dado que el sufrimiento derivado del siniestro y las lesiones son una consecuencia normal de los hechos.