Frente al consumidor no importa determinar quién fue efectivamente el verdadero autor del daño: los partícipes en la cadena de circulación de los bienes son solidariamente responsables frente a aquél por el solo hecho de haber tenido esa intervención. Esto conduce a descartar que el vendedor pueda considerarse “ajeno”, toda vez que la norma parte del presupuesto de que los responsables han participado en la actividad generadora del daño.
La exigencia esperable de un profesional especialista en la venta de bebidas de consumo humano es la del cumplimiento de la contraprestación principal a la que se encontraba obligado, ello es, la oferta de bebidas que resulten aptas para el consumo y que no contengan en su interior –claro está- objetos extraños. De allí que la conducta de la demandada observada justifica la imposición de la aludida sanción ejemplificadora.
El consumidor tiene el derecho de recibir atención y un trato digno, conforme lo establece la norma, debiéndose garantizar tales condiciones absteniéndose de realizar conductas que generen al consumidor situaciones vergonzantes o intimidatorias. Específicamente se ha previsto que la persona debe ser respetada según los criterios generales de los tratados de derechos humanos, garantizándose de esta manera condiciones de trato obligatorias para los proveedores.
La observancia del principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la opinión. En lo que concierne al objeto, este principio requiere que el juez emita pronunciamiento, total o parcialmente positivo o negativo.
Existió un accionar ilícito (elemento objetivo) consistente en el incumplimiento contractual en relación a las cualidades de la cosa entregada. Respecto del elemento subjetivo, la negativa y desconocimiento del derecho del actor y la consecuente persistencia en la negativa a dar una solución definitiva constituye una actuación prácticamente dolosa de no querer cumplir.
