Este sistema empleaba cámaras de vigilancia para capturar imágenes faciales de las personas que ingresaban a sus locales, las cuales eran contrastadas con una base de datos que contenía información de individuos considerados un riesgo para sus operaciones, incluyendo personas vinculadas a conductas delictivas y violentas.

Determinó que las prácticas de Meta vulneraron el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe el abuso de posición dominante en el mercado.

En la demanda se indica que la plataforma no ha puesto a disposición mecanismos suficientes para verificar a los padres o tutores, ni para controlar adecuadamente la privacidad de los menores, lo que habría dado lugar a la divulgación no autorizada de información personal de menores a terceros.

La protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y personas gestantes implica que el Estado y los prestadores de servicios de salud están en la obligación de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, bajo parámetros de confidencialidad, intimidad y libertad, so pena de incurrir en una conducta violatoria de aquellos.

Afectaría de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población, particularmente a personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, familias monoparentales (principalmente mujeres) y personas que viven en condiciones de pobreza.

El texto de la demanda menciona un aumento en la incidencia de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios, entre otros, que podrían estar relacionados con el uso excesivo de la plataforma por parte de menores de edad.

El legislador nacional debe definir de manera suficientemente precisa los elementos que han de tenerse en cuenta, en particular, la naturaleza o las categorías de infracciones de que puede tratarse. El acceso debe supeditarse además a un control previo, efectuado por un órgano jurisdiccional o por una entidad administrativa independiente.

El principio de «minimización de datos» se opone a que todos los datos personales que un responsable del tratamiento haya obtenido del interesado o de terceros, y que hayan sido recogidos tanto en dicha plataforma como fuera de esta, se agreguen, se analicen y se traten a efectos de proponer publicidad específica, sin limitación temporal y sin distinción en función de la naturaleza de esos datos.

Los datos no constituyen información objetiva, sino que son producto, tal como se mencionó, de una interpretación algorítmica basada en tendencias de búsqueda, patrones de comportamiento de los usuarios y otras métricas que, por su naturaleza, no pueden ser categorizadas como veraces o erróneas de forma absoluta.

El Proyecto de Ley de Negociación Justa de Noticias Digitales plantea un mecanismo de reparto equitativo de ingresos entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación. No obstante, el Ministro de Medios y Comunicaciones de Nueva Zelanda, Paul Goldsmith, indicó que el proyecto se encuentra aún en fase de consulta y que se están considerando las aportaciones de los distintos actores del sector.