La trabajadora cedió sus datos personales contenidos en el informe de vida laboral sólo para ese fin específico, no desde luego para fines de investigación y régimen disciplinario. Coincidimos por ello con la recurrente, en que ese uso desviado por la empresa de los datos personales cedidos para distinto fin, justificando con ello su despido disciplinario, constituye la ilicitud del tratamiento y vulnera el derecho fundamental a la protección de datos.

El insulto u ofensa grave dirigida por el trabajador/a al empresario/a justifica, como regla general, el despido disciplinario. El referirse al empresario/a, en los mismos términos, en una conversación privada y «cerrada», con expectativa de intimidad, entre compañeras de trabajo que están en conflicto con el empresario, no.

En el presente artículo, se hace un breve análisis del trato de los datos personales, como es que se han intentado proteger tanto en Chile como en el derecho comparado, así como su posible propietarización tratando de adaptar estos activos a un régimen ya existente en el derecho civil chileno. Está columna también trata de abordar una posible solución mediante la tokenizacion de dichos datos.

La interferencia con el derecho de los demandantes al respeto de su vida privada derivada del requisito de que los proveedores de TIC conserven sus datos de comunicaciones es muy grave y podría, con razón, generar en las personas interesadas un sentimiento de vulnerabilidad y de sobreexposición al escrutinio de terceros.

La injerencia en los derechos fundamentales causada por el acceso a extractos telefónicos puede calificarse de grave y confirma que solo puede concederse dicho acceso cuando se trate de los datos de personas sospechosas de estar implicadas en un delito grave. Corresponde a los Estados miembros definir los «delitos graves» a efectos de la aplicación de la Directiva en cuestión.

Si se descubren infracciones durante el curso de la investigación, la Comisión está facultada para imponer medidas correctivas. Dichas medidas podrían incluir requerimientos dirigidos a Meta para remediar las deficiencias detectadas en sus plataformas, con el fin de garantizar elecciones europeas libres y justas, así como para prevenir futuras perturbaciones y manipulaciones dentro del ámbito de su competencia.

El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que autorice a la autoridad pública competente, con el único propósito de identificar a la persona sospechosa de haber cometido una infracción penal, a acceder a los datos de identidad civil correspondientes a una dirección IP. No obstante, los Estados miembros deben garantizar que ese acceso no permita obtener conclusiones precisas sobre la vida privada de los titulares de las direcciones IP de que se trate.

Según el proyecto de ley, las aplicaciones de este tipo, definidas como aquellas controladas por adversarios extranjeros y que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán prohibidas a menos que el propietario de dichas aplicaciones cese su control sobre ellas en un plazo de 270 días.

La reautorización, ahora conocida como la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, establece ciertas modificaciones destinadas a mitigar las preocupaciones en torno a las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses.

La representante Cathy McMorris Rodgers ha subrayado la importancia de proteger a los ciudadanos contra la explotación de sus datos por parte de grandes corporaciones tecnológicas. La ley propuesta busca poner fin a prácticas como el seguimiento y la manipulación de comportamientos sin el consentimiento claro de los usuarios.