l plazo para eliminarlos queda sujeto a la normativa contenida en la ley N° 19.628, la que impide la utilización de antecedentes para fines distintos a los previstos para su recolección y ordena la eliminación de estos cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal.

No se ha probado que la decisión extintiva acordada por la empresa demandada, en si misma considerada, pretendiera la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas de la trabajadora, ni que el móvil del empresario al acordar el despido respondiera a una causa vulneradora de esos derechos fundamentales lo que legalmente llevaría aparejada la nulidad del despido, según dispone la norma Estatutaria.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves para la seguridad pública pueden justificar una injerencia grave en los derechos fundamentales, como la que supone la conservación de los datos de tráfico y de localización.

La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.

La naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea una pérdida de disposición y control sobre el dato personal de su voz a una persona que ha sido víctima de un delito violento y contra la integridad sexual y que al difundir dicho dato personal existe un riesgo cierto de que pueda ser reconocida por terceros, con los graves daños y perjuicios que esto le ocasiona.

El derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático.

Se acusó a la compañía de almacenar ilegalmente grabaciones de voz recopiladas con los dispositivos Alexa, utilizados en gran medida por menores de edad para obtener información y realizar todo tipo de peticiones verbales.

El hecho de que el responsable del tratamiento desarrolle una actividad bancaria en el marco de una actividad reglada, y de que la persona cuyos datos personales fueron tratados en su condición de cliente del responsable del tratamiento también fuera empleada de ese responsable, no influye, en principio, en el alcance del derecho del que goza esa persona.

Las publicaciones reprochadas no tienen una finalidad informativa, sino que propenden a generar una afectación en la honra de la recurrente, llamando a “funarla”.

La iniciativa apunta a considerar en el Código Penal un agravante para quienes cometan delitos mediante IA.