Se deben tomar las medidas para facilitar al interesado toda la información en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, y que la información se facilite por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos, a menos que el interesado solicite que esta se facilite verbalmente.

Se prohíbe a toda empresa, sociedad, persona, software, aplicación móvil u otras análogas la utilización de los micrófonos, cámaras, gps y cualquier componente de dispositivos móviles, electrónicos, altavoces inteligentes u otros análogos para obtener, acceder, almacenar y utilizar información personal de los usuarios.

La sociedad no puede ceder el importante interés legal de proteger especialmente a los niños del abuso por parte de los adultos y promover su desarrollo saludable. Ello incluye no solo la protección contra el abuso infantil en sí mismo, sino también la protección contra la victimización secundaria.

El principio de transparencia y publicidad es la norma general para los organismos públicos, y la negativa a entregar información solo debe sustentarse en causales legales o constitucionales que en este caso no concurren.

No es admisible la publicación del nombre, cargo y casilla de correo de una persona, si este no autorizó previamente su difusión al público ni se justificó en un texto legal que expresamente lo habilite.

Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.

Las regulaciones violan el derecho general de la personalidad del párrafo 1 del artículo 2 en relación con el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley Fundamental en su manifestación como derecho a la autodeterminación informativa, porque no contienen umbrales suficientes para la interferencia.

Es información de naturaleza pública y existe un interés público y necesidad de control social sobre tales antecedentes que prevalecen sobre los datos personales de las referidas personas.

Además, la Corte estableció la falta de legitimación activa de la Corporación Municipal de Punta Arenas para impugnar decisiones del CPLT, por aplicación de la limitante contenida en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.

El artículo 2° letras f) y g) de la Ley N° 19.628, establece como datos personales y sensibles -y por ende forman parte de la esfera privada de la persona- aquellos que digan relación con el origen racial de las personas.