La protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y personas gestantes implica que el Estado y los prestadores de servicios de salud están en la obligación de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, bajo parámetros de confidencialidad, intimidad y libertad, so pena de incurrir en una conducta violatoria de aquellos.
La persona que se oponga a la divulgación de información o de un documento que identifique o pueda identificar a una fuente periodística, debe demostrar que es un “periodista” y que su fuente es periodística. A continuación, si la persona lo consigue, es la parte que pretende conocer la identidad de la fuente quien debe demostrar que se cumplen las condiciones para la autorización judicial de la divulgación, siempre que exista un interés público.
