Aunque los trabajos principales pudieron haberse ejecutado más tarde, en el lugar ya se habían realizado labores previas de remoción de hormigón al menos cinco días antes, las cuales no contaron con la señalización requerida y quedaron expuestas a condiciones climáticas adversas, lo que pudo originar la zanja donde ocurrió el accidente.
Está acreditado que existe un daño que proviene de una obligación incumplida por parte del demandado, al omitir el deber de cuidado por la falta de seguridad del local de su propiedad, por lo que corresponde resarcir el daño producido según el quantum calculado por las instancias de mérito.
La imprudencia nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico incide en comportamiento descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas, naturaleza de la lesión o enfermedad, que olvidando la «lex artis» conduzcan a resultados lesivos para las personas.
Si bien cada situación debe ser analizada en particular, la regla general indica que los atrasos o ausencias de los trabajadores afectados, califican como circunstancias imponderables, que no deben ser sancionados.
Sufrió una caída de su silla al deslizarse ésta sobre el piso mojado. No se contaba con elementos antideslizantes, ni indicaciones que dieran cuenta del cuidado que se debía tener al transitar por suelo húmedo. Se consideró que el empleador no cumplió con su deber de protección y cuidado para evitar el accidente laboral.
El Tribunal constató que el banco denunciado cumplió con la entrega del servicio contratado, puesto que efectivamente realizó, en tiempo y forma, la transferencia de dinero a la cuenta informada por el consumidor.
El régimen de responsabilidad en sede administrativa incluye la falta de servicio por omisión del deber de cuidado y diligencia, por lo tanto, es indiferente la modalidad de libre elección de los médicos porque el demandado es responsable de la efectividad de las prestaciones realizadas en los recintos de su red de salud.
Al Gerente General le corresponde proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.
El deber de seguridad y custodia que asume el Banco supone disipar todo tipo de riesgo, ya que no basta con hacer lo posible para obtener su resguardo.
