Las autoridades judiciales están obligadas a ejercer la máxima discreción respecto de los casos que conocen, a fin de preservar su imagen de jueces imparciales, pero en este caso se conocía ya la existencia de la opinión disidente cuando aquella se refirió al fallo. Además, el órgano sancionador no se sometió al procedimiento disciplinario para sancionar el incumplimiento de la juez a la prohibición de revelar información.