Tuvo en consideración que el derecho a la acción está amparado constitucionalmente, y que la autonomía de la voluntad no puede prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que las sanciones que impiden la prosecución del juicio son excepcionales y deben ser cuidadosamente evaluadas en cuanto a su procedencia, razonamiento que omitieron los jueces del fondo y que motivó la invalidación del fallo.
Inicialmente la Corte de Coyhaique negó la pena sustitutiva confirmando aquella de cumplimiento efectivo, no obstante, los ministros recurridos no fundamentaron su rechazo, especialmente, luego de verificar que el condenado cumplía con todos los requisitos para optar a la modalidad de cumplimiento solicitada, infringiendo lo dispuesto en los artículos 15 y 15 bis de la Ley Nº18.216.
La Corte señaló que, si las calificaciones sirven de base para resolver la eliminación del servicio, no resulta fácil entender cómo una persona que ha sido calificada en Lista N° 1 puede ser llamada a retiro sin mayor motivación al respecto.
