El ius variandi es una facultad con la que cuentan tanto las entidades públicas como las privadas. Esto permite variar las condiciones de tiempo, modo y lugar del trabajador y, en el caso del sector público, encuentra su razón de ser en la satisfacción del interés general. Sin embargo, esta potestad no es absoluta y debe tener en cuenta, entre otros, el derecho a la unidad familiar.

El delito de omisión impropia o de comisión por omisión es un delito de resultado, en el que el resultado producido debe ser imputado al sujeto de la omisión. La norma establece sus requisitos, que permiten afirmar cuando no impedir un resultado es equivalente a su producción activa.

Cuando el engaño es tan burdo que cualquiera lo puede evitar con una mínima reacción defensiva, se dice que puede ocurrir que el error haya sido provocado por la propia desidia del engañado y no tanto por la idoneidad de la acción fraudulenta del autor, especialmente cuando el engaño se dirige contra organizaciones complejas como las recurrentes.

Se evidencia que el recurrente es un hombre de negocios influyente y que interviene en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. Por consiguiente, las sanciones impuestas incrementan el coste de las acciones de Rusia en Ucrania. Responden así a la voluntad de ejercer presión sobre las autoridades rusas para poner fin a sus acciones y políticas desestabilizadoras para Ucrania.

Si bien la niña tiene derecho a generar lazos con su madre y ésta a compartir tiempo con su hija, tales derechos deben ser analizados a la luz del interés superior del niño, el cual es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social.

Nos encontramos con una enfermedad que tiene posibilidades terapéuticas para mejorar, con una paciente autónoma con pronóstico de vida no limitado. La mujer no presenta antecedentes para desvirtuar los informes que señalan que su enfermedad es grave y le causa tristeza y desesperanza extrema, y que podría ser tratada medicamente. Así, la paciente no ha agotado sus alternativas terapéuticas que ofrecen la posibilidad de una mejora real.

El requerimiento adolece de una serie de defectos que conducen a su rechazo. En cuanto a la impugnación al artículo 768, inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil, se debe tener en consideración que la gestión pendiente se tramita según el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia que regula la Ley N° 19.628, por lo que nos encontramos ante un asunto con una regulación específica.

El ad quem no analizó el argumento esgrimido por la beneficiaria en su recurso de apelación, donde solicitó se tome en consideración su condición de madre soltera de una menor de edad y único sustento para la manutención de esta, que le impidió haber pagado en su integridad la reparación civil, aunque sí parcialmente.

La motivación exigida por el TFUE debe ser adecuada al acto de que se trate y debe revelar de forma clara e inequívoca la motivación seguida por la institución que adoptó la medida, de tal manera que permita a las personas interesadas determinar los motivos de la misma y que el tribunal competente pueda ejercer su poder de revisión.

Toda resolución de carácter sancionatorio, incluyendo las del ámbito administrativo, debe contar con una argumentación positiva, en cuanto a los argumentos que la justifican, y también una negativa, negando valor dirimente a los argumentos que sustentan el error de aplicación que se pretende.