La prueba aportada por las demandadas solidarias permitió concluir que se adoptaron los resguardos suficientes para proteger eficazmente la salud e integridad física del demandante.

Este caso evidencia el conflicto entre garantías constitucionales que pueden verse en oposición. Por una parte, la protección de las comunicaciones privadas, con el deber del Estado de resguardar la paz y el orden de todos los ciudadanos, mediante un trabajo para impedir la realización de actividades ilícitas o que dañen dicho principio

A su vez, constituye un derecho irrenunciable de los trabajadores.

La reclamante no acreditó el cumplimiento efectivo del deber de vigilancia.

Los proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija.

Los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo establecen el reclamo judicial respecto de la resolución que rechaza una reconsideración administrativa.

La demandante fue sancionada con una multa de 250 UTM.

El pronunciamiento complementa el Dictamen N°1124/010 del 30 de marzo de 2021.

La resolución responde a la información otorgada por la Intendenta de Seguridad y Salud en el trabajo.

El actor no denunció el hecho ni concurrió a la mutual de seguridad.