La Magistratura Constitucional declaró derechamente inadmisible el requerimiento por considerar que la requirente no planteó un conflicto constitucional plausible, sino que se centró en la interpretación que efectuó la Corte Suprema respecto de la norma impugnada, ámbito que corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Además, precisó que la acción de inaplicabilidad no es un mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.

De acuerdo al petitorio de la demanda incidental de honorarios, al contener una pretensión alternativa que implica la determinación de los honorarios por parte del juez conforme al mérito del proceso, la decisión de rechazar de plano el incidente de determinación de honorarios solo tuvo en cuenta una de las peticiones del actor, adelantando una decisión que debió ser resuelta conforme al procedimiento incidental. En dicho marco, debió debatirse, si resultaba procedente, aquella parte de la demanda incidental en que se facultaba al juez para la fijación de los honorarios, cuestión que no ha ocurrido en la especie.

El máximo Tribunal indicó que el cambio en la lista de testigos de cargo ocurrió con anterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral, por lo que la recurrente tuvo tiempo para ajustar su estrategia de defensa. Asimismo, expresó que la encausada también pudo contraexaminar a la testigo durante el juicio oral, por lo que no es efectiva la vulneración al debido proceso que acusa.

El reclamo de ilegalidad y/o arbitrariedad formulado por el recurrente se basa en la supuesta inexistencia de una ausencia injustificada durante seis meses. Sin embargo, esta pretensión colisiona con la normativa interna que regula la organización y funcionamiento del Club, razón por la cual la tutela solicitada no puede ser otorgada por esta vía ni en los términos planteados. Ello, debido a que la controversia radica en la interpretación divergente que las partes atribuyen a un precepto estatutario que las rige, evidenciando así la existencia de un derecho dubitado.

Siempre asiste a quien se considere agraviado por divulgaciones difamatorias la posibilidad de reportar, tanto en Facebook como en otras plataformas similares, el perfil en que se plasman tales expresiones, así como el contenido de estas, directamente en las mencionadas redes mediante el respectivo formulario de denuncia. En la hipótesis de que la respectiva entidad constate una infracción a las Normas Comunitarias, posee atribuciones para eliminar de su plataforma social las expresiones vejatorias e incluso la cuenta desde la que fueron vertidas.

El imputado fue controlado por Carabineros al ser visto sin mascarilla y durmiendo en un sitio eriazo, lo que devino en un posterior registro en que fue incautada una pequeña cantidad de droga y dinero en efectivo. El máximo Tribunal sostuvo que el indicio invocado no tenía relación con el ilícito acusado.

El imputado accedió libremente a que personal de Carabineros que investigaba el robo de una camioneta ingresara a su domicilio, lugar en el que los agentes encontraron el vehículo robado junto a otro que igualmente mantenía encargo vigente por robo; por lo tanto, el encausado no puede invocar una presunta falta de lectura de derechos para esgrimir que no sabía que el ingreso de los policías lo perjudicaría.

Se juzga que el Consejo Superior de la Judicatura no disipó las dudas legítimas que el exjuez albergaba en cuanto a la imparcialidad del presidente de dicho órgano, y que el demandante no contó con garantías procesales suficientes a este respecto.

La defensa siempre estuvo en conocimiento del presunto vicio de ilegalidad de la detención del acusado, pero decidió no impugnarlo durante todo el proceso, por lo que es improcedente cuestionar un hecho asentado por medio del recurso de nulidad, en atención a la regla de preparación de dicho arbitrio establecida en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

El agente se encontraba previamente autorizado por el Ministerio Público y el acusado previamente individualizado por ser un conocido narcotraficante de Valparaíso, por lo que su actuación se ajustó a derecho dentro del marco de una investigación del OS7 para desbaratar una red de microtráfico en el sector del Cerro La Cruz.