El municipio informó que la implementación del programa de orientación y vigilancia en la Plaza Ambrosio del Río, que cuenta con monitores capacitados en tenencia responsable de mascotas, responde al creciente reclamo y descontento de la comunidad local que asiste a las áreas verdes con fines recreativos, especialmente familias con niños pequeños, quienes son vulnerables ante la presencia de animales sueltos.

La dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la judicatura constitucional, frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos.

El acusado pretendió revertir el castigo acusando que fue condenado únicamente por el testimonio escrito de una testigo que no declaró en juicio, en circunstancia que dicha prueba fue uno de los muchos elementos probatorios que el tribunal tuvo en consideración para condenar.

La obligación procesal bajo el Convenio requiere que la investigación sea accesible para las víctimas en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Las víctimas deben poder participar efectivamente en la investigación de una forma u otra, en particular, teniendo acceso a los materiales de la investigación. Además, tras una investigación, debería haber una decisión razonada disponible para asegurar al público preocupado que se ha respetado el estado de derecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la decisión del presidente Biden de conmutar 37 penas federales de muerte, pero manifiesta su preocupación por las 25 ejecuciones realizadas en 2024 y reitera su llamado a abolir la pena capital.

La notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación de los derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, dado que para que ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable, por parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa.

El Tribunal Supremo confirmó la condena al acusado que lideraba dicha agrupación dedicada al comercio de la sustancia en el puerto. Carabineros proporcionó evidencia incriminatoria de más de un año de escuchas en las comunicaciones entre el acusado y dos coimputados, siendo detenidos todos al momento de concretar una venta en el domicilio del encartado.

Cuando en virtud de una creencia religiosa se ha dispuesto realizar un rito fúnebre y conservar los restos de la persona fallecida, la alteración de esa decisión sin tomar en cuenta a los familiares y sin agotar el procedimiento preestablecido, interfiere de manera grave en la libertad de religión y la libertad de cultos.

La requirente sostiene que el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil establece, de manera absoluta, una sanción de convalidación al considerar que cualquier actuación en el expediente implica la renuncia al derecho de alegar abandono, incluso si dicha actuación no refleja el conocimiento del abandono. Argumenta que esta norma, diseñada para procedimientos judiciales con garantías procesales, resulta arbitraria y vulnera el debido proceso al aplicarse en contextos administrativos, donde no se cumplen estándares mínimos como acceso al expediente o reglas claras de formación.

El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.