Según las acusaciones, estas demoliciones fueron ejecutadas sin una orden judicial o proceso legal, y presuntamente con la colaboración de funcionarios locales. La Corte estableció que tales demoliciones, al ser arbitrarias y desproporcionadas, constituyen una violación de los derechos fundamentales de los afectados.

El que la red social tenga un amplio arbitrio, conforme al contrato, para manejar su relación con el actor, no significa que, con este fundamento, pueda obrar de manera arbitraria. En el trámite de este proceso, la accionada no demostró y, en realidad, ni siquiera tuvo el mínimo interés en demostrar de qué modo el actor transgredió los términos y condiciones del contrato.

Los acuerdos, inicialmente avalados por la autoridad supervisora de la comisión militar en Guantánamo, fueron objeto de negociación entre los fiscales gubernamentales y los abogados defensores. Tras darse a conocer públicamente, los acuerdos suscitaron objeciones de algunos sectores.

La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.

Los jueces tomaron pruebas directamente de los coacusados y de un testigo particularmente importante. Además, el uso por parte de los tribunales de una grabación de otros testimonios de testigos para adoptar sus decisiones era compatible con los requisitos del derecho de la solicitante a un justo juicio y no comprometió la esencia de dicho derecho.

Cuando existen procedimientos simplificados, el acusado no debe ser privado arbitrariamente de ellos. Teniendo en cuenta el marco jurídico vigente en el momento en que el demandante solicitó el procedimiento simplificado, no podía esperar legítimamente recibir una pena distinta de la cadena perpetua sin aislamiento diurno. La sentencia era previsible y por lo tanto no hubo violación del derecho del actor a un juicio justo.

La defensa de Sergio Muñoz aclaró que este recurso se interpuso sin consentimiento ni conocimiento del suspendido magistrado.

Con el fin de aclarar defectos en la descripción corporal del acusado, el TOP de Puente Alto acompañó el documento emitido por Gendarmería de Chile, pero esta diligencia no afecta la imparcialidad del juzgador, al quedar asentado que dicho instrumento no fue la prueba determinante para que los jueces se formaran convicción condenatoria.

La escuela de Carabineros ha incurrido en una tardanza excesiva y no justificada en la tramitación de la investigación disciplinaria, conculcando de esa forma la garantía de un justo y racional procedimiento; pero lo que es más grave aún, el de igualdad ante la ley.

La falta total de motivación en la sentencia del Tribunal Penal de 2018 había constituido claramente una violación del principio de protección contra la arbitrariedad consagrado en el artículo 5.1 del Convenio, teniendo en cuenta, en particular, que el demandante estaba, en ese momento, encarcelado en virtud de una sentencia que imponía una pena de prisión de ocho años a otra persona.