Cuestionan la medida aduciendo que la prohibición de asilo infringe el derecho fundamental a buscar protección, reconocido tanto por la legislación nacional como internacional. Los críticos sostienen que la política aumentará la vulnerabilidad de los migrantes y añadirá presión al sistema de asilo de México.

El acusado trató de despojarse de una mochila al observar a los agentes, los que alertados por el gesto controlaron su identidad, percatándose que el imputado mantenía una orden de detención pendiente, y, además, al interior de la mochila se encontraron papelillos con cocaína, dinero en efectivo, y una balanza digital.

El acusado viajaba como copiloto en un vehículo que fue controlado por circular con sus vidrios polarizados, y al solicitar su cédula de identidad, los agentes observaron que a sus pies el encartado trató de esconder una pistola de fogueo modificada para disparar munición real, indicio que transformó la diligencia a un control investigativo.

La conducta imputada es de suma gravedad. Ante estos graves hechos, y habiendo la responsable de recursos humanos hablado con ambos para conocer sus versiones con anterioridad al despido; entendemos que no se ha infringido precepto alguno, ni se ha creado indefensión al trabajador despedido.

Todos los elementos típicos de la infracción están presentes en la conducta del apelante, a saber, presentar en un procedimiento judicial correos electrónicos remitidos por el letrado de la parte contraria, sin su consentimiento y sin hacer constar expresamente la expresión «mandato representativo». Aparece acreditado que la aportación de los correos resultó trascendente para la resolución del proceso.

Todas las disposiciones de la Convención y sus Protocolos deben interpretarse de manera que garanticen derechos prácticos y efectivos y no teóricos e ilusorios. La sentencia contra el demandante, combinada con el retraso en la introducción de nueva legislación, había creado una inseguridad jurídica que le perjudicaba.

El tribunal concluyó que la normativa impugnada imponía una carga significativa a los acusados en los procedimientos de decomiso sin considerar un vínculo causal entre los activos y la conducta delictiva.

Las autoridades no tomaron medida alguna para evaluar las amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no consideraron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble.

Las autoridades y las entidades prestadoras de servicios de salud en los establecimientos, tienen obligaciones y competencias relacionadas con la atención integral de los niños que conviven con sus madres en los centros de reclusión. En el marco de esa atención, esas entidades deben garantizar la protección constitucional reforzada de niños, así como la prevalencia del interés superior del menor de edad.

La conducta endilgada no presenta relevancia penal. En ese sentido, corresponde recordar que el carácter fragmentario del derecho penal y su esencialidad de ultima ratio, importan postulados enderezados a limitar el poder punitivo del Estado, estableciendo que éste sólo debe intervenir –mediante sus órganos represivos- en los casos de ataques graves a los bienes jurídicos más relevantes.