Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura indica que no corresponde condicionar la inaplicabilidad del precepto, a criterios de orden económico-patrimonial, pues ello supondría supeditar este arbitrio a la repercusión económica que la aplicación del precepto importa.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El máximo Tribunal de Argentina adujo que la decisión recurrida no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso y afecta en forma directa e inmediata garantías constitucionales.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactores a la Ministra Brahm y al Ministro Pozo.

La FNE, en su traslado de admisibilidad, alega que la responsabilidad solidaria no constituye una sanción y, por lo tanto, no resulta plausible una supuesta infracción al principio non bis in ídem ni al principio de proporcionalidad.

La Primera Sala del TC señala que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral 6 de la LOCTC, ya que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Corte de Santiago indicó que, a fin de restablecer el imperio del derecho, se dejó sin efecto la Resolución N° 20, de 17 de mayo de 2019.

El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 en el numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.