No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.

Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.

Determinó que las disposiciones violaban el artículo 14 del Convenio, en conjunción con el artículo 8, que protege el derecho a la privacidad y a la vida familiar. El artículo 14 establece que los derechos deben garantizarse sin discriminación por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición.

El bilingüismo judicial institucional garantiza la igualdad de acceso a los tribunales para los miembros de las comunidades lingüísticas de Canadá a través de diversas garantías legales, incluidas las establecidas en el art. 530 del Código Penal, promulgado para promover la igualdad de estatus o uso del inglés y el francés.

Resulta pertinente actualizar la Justicia Militar y adecuarla gradualmente a los estándares internacionales, velando por la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas afectadas, lesionadas o amenazadas en sus derechos -en calidad de víctimas- y de todas aquellas que se vean sometidas -en calidad de imputados- a esta jurisdicción especial.

La demanda busca remediar estas presuntas violaciones para garantizar que los derechos conferidos por HALT sean respetados plenamente por las autoridades penitenciarias de Nueva York. Plantean cuestiones de interés relativas a la implementación y el cumplimiento de la legislación penitenciaria en el Estado, así como sobre los derechos de las personas con discapacidades dentro del sistema correccional.

No se puede pretender que una investigación dentro del ámbito escolar llegue a niveles de certeza indubitada. Sólo puede recoger aquello que voluntariamente las víctimas señalen, reservándose el testimonio completo y pormenorizado frente al entrevistador capacitado que nombre Fiscalía.

La medida fue adoptada sin instruir ninguna investigación en contra del recurrente, ni darle la oportunidad de controvertir, defenderse, y aportar pruebas; por lo tanto, la institución no respetó las garantías básicas del debido proceso y tal castigo fue dejado sin efecto por la magistratura.

Es de sobremanera conocido por el defensor que bastaba con solicitar la declaración judicial de su representado o formular las reclamaciones pertinentes ante el Ministerio Público frente a la supuesta arbitrariedad que cometía el fiscal a cargo de la causa, de hacer oídos sordos a sus solicitudes.

Las autoridades de un Estado miembro no pueden retirar o denegar la concesión de un permiso de residencia a un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión sin evaluar previamente si hay una relación de dependencia entre ese miembro de la familia y ese ciudadano de la Unión que obligaría a este último a abandonar el territorio de la Unión para acompañar al miembro de su familia a un país tercero.