La legislación en cuestión, redactada en 1877, establecía restricciones al derecho al voto por la comisión de “delitos graves”, particularmente dirigidas hacia ciertos grupos demográficos. El tribunal señaló la naturaleza discriminatoria del lenguaje utilizado en la redacción original de la ley.

Debe considerarse que constituye una carga ilegítima mantener la situación de indefinición por un período prolongado, en vista de mantener el estado de incertidumbre y que igualmente puede estimarse incide en una pérdida substancial de la garantía del debido proceso.

Pretender que las formas rituales sean sacralizadas, en lugar de aumentar el respeto hacia ellas provoca un paradojal efecto de resistencia a su aplicación, sobre todo si (tal como ocurre en el presente) su acatamiento ciego hiere fundamentalmente derechos de las partes.

Si bien no procede el recurso extraordinario cuando se pretende revisar las decisiones de los tribunales de la causa en materia de admisibilidad de los recursos por tratarse de un aspecto de naturaleza procesal, esta Corte ha establecido excepciones a esa regla general cuando la resolución apelada conduce, sin fundamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada que afecta el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

Los socios acusaron ser “expulsados por carta”, en la que se les comunicó la sanción sin otorgarles la posibilidad de defenderse de los cargos que les fueron imputados, lo que vulneró la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El Tribunal tuvo en consideración una condena previa del encartado que no fue mencionada por la fiscalía ni la defensa, luego de escuchar la propia declaración que el acusado dio en estrados, donde reconoció que huyó de la policía al estar “quebrantando” una condena vigente, lo que devino en la comprobación de dicho dato por parte de los sentenciadores, hecho que no puede ser considerado como una infracción a la garantía de la imparcialidad del juzgador.

Se produce una actuación contraria a los deberes que han de observar todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y que vienen recogidos en la normativa aplicable que establece el deber de cumplir las funciones o tareas que tengan asignadas.

La Universidad de Playa Ancha -sin ninguna investigación sumaria previa- determinó que el pago de la asignación doctoral del actor fue mal percibido por 10 años, al considerarse un doctorado cursado de forma conjunta en dos universidades como dos grados académicos diferentes, por lo que ordenó la restitución de dicha asignación mediante el descuento del 15% de la remuneración del recurrente, decisión que vulneró el debido proceso y el derecho de propiedad del profesor.

Los agentes registraron un cubículo cerrado contiguo a la palanca de cambios, encontrando una pistola de fogueo adaptada para el disparo, sin embargo, tal diligencia no fue respaldada por ningún indicio, por lo tanto, la prueba incriminatoria fue obtenida de forma ilegal y el juicio es nulo.

La denuncia condujo a funcionarios de Carabineros hasta un inmueble de la comuna de Alto Hospicio, lugar donde el acusado cargaba los camiones con la mercancía destinada a ser vendida irregularmente en el norte del país.