El tribunal concluyó que la normativa impugnada imponía una carga significativa a los acusados en los procedimientos de decomiso sin considerar un vínculo causal entre los activos y la conducta delictiva.

Las autoridades no tomaron medida alguna para evaluar las amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no consideraron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble.

Las autoridades y las entidades prestadoras de servicios de salud en los establecimientos, tienen obligaciones y competencias relacionadas con la atención integral de los niños que conviven con sus madres en los centros de reclusión. En el marco de esa atención, esas entidades deben garantizar la protección constitucional reforzada de niños, así como la prevalencia del interés superior del menor de edad.

La conducta endilgada no presenta relevancia penal. En ese sentido, corresponde recordar que el carácter fragmentario del derecho penal y su esencialidad de ultima ratio, importan postulados enderezados a limitar el poder punitivo del Estado, estableciendo que éste sólo debe intervenir –mediante sus órganos represivos- en los casos de ataques graves a los bienes jurídicos más relevantes.

El Convenio debería interpretarse teniendo en cuenta el derecho internacional siempre que sea posible. Sin embargo, la tarea de este Tribunal no es verificar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, sino de la CEDH.

No se demostró que el abogado integrante tuviese pleito civil ni criminal pendiente con alguna de las partes de la causa.

La Constitución no define lo que debe entenderse por debido proceso y los elementos que lo configuran varían según los fines que persiga el procedimiento de que se trate. Además, no corresponde al Tribunal determinar qué sistema de revisión de las decisiones judiciales es el más idóneo.

La acusada fue sorprendida por la PDI “hablando con su torso dentro del vehículo” con el chofer del móvil, en una conducta que fue estimada como indiciaria de tráfico de drogas, y, pese a que del registro de ambos particulares fue levantada evidencia incriminatoria -drogas y dinero en efectivo-, esta prueba debe ser considerada ilegal, al ser obtenida por medio de un control de identidad fuera de los márgenes del artículo 85 del Código Procesal Penal.

No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.

Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.