El Tribunal Supremo confirmó la condena al acusado que lideraba dicha agrupación dedicada al comercio de la sustancia en el puerto. Carabineros proporcionó evidencia incriminatoria de más de un año de escuchas en las comunicaciones entre el acusado y dos coimputados, siendo detenidos todos al momento de concretar una venta en el domicilio del encartado.

Cuando en virtud de una creencia religiosa se ha dispuesto realizar un rito fúnebre y conservar los restos de la persona fallecida, la alteración de esa decisión sin tomar en cuenta a los familiares y sin agotar el procedimiento preestablecido, interfiere de manera grave en la libertad de religión y la libertad de cultos.

La requirente sostiene que el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil establece, de manera absoluta, una sanción de convalidación al considerar que cualquier actuación en el expediente implica la renuncia al derecho de alegar abandono, incluso si dicha actuación no refleja el conocimiento del abandono. Argumenta que esta norma, diseñada para procedimientos judiciales con garantías procesales, resulta arbitraria y vulnera el debido proceso al aplicarse en contextos administrativos, donde no se cumplen estándares mínimos como acceso al expediente o reglas claras de formación.

El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.

Es de advertir que el código de ética regula la conducta de los abogados. El hecho que el letrado sea parte en un proceso penal, civil, laboral, administrativo o de cualquier otra índole, no constituye impedimento para la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario respectivo, ya que la resolución que se emite en estos casos es de naturaleza ética y no jurisdiccional.

La regulación de la reprogramación de audiencias de juicio oral es fundamental para garantizar un debido proceso, brindar seguridad jurídica a los intervinientes y asegurar la celeridad del proceso penal.

Resolvió que la desvinculación anticipada del recurrente vulneró su derecho a la estabilidad laboral, ya que su contrato adquirió carácter de indefinido por el principio de confianza legítima, debido a su permanencia de quince años en el cargo, lo que generó una expectativa de continuidad en su empleo. Asimismo, concluyó que la resolución que puso término a su contrata es arbitraria e ilegal al no haberse emitido dictamen por parte del fiscal instructor ni haber concluido el sumario administrativo.

La inclusión del juez recusado en el panel de magistrados que posteriormente examinó el caso del solicitante fue, en tales circunstancias, suficiente para generar dudas sobre la imparcialidad objetiva del Tribunal Supremo en su fallo. Por lo tanto, existió una violación del Artículo 6.1 debido a la falta de imparcialidad objetiva.

El principio de proporcionalidad señala que, si bien las sanciones son necesarias en los procesos disciplinarios académicos, a fin de buscar el mantenimiento de la disciplina y convivencia en un grupo amplio de niños, la facultad de imponer sanciones no es absoluta y por tanto la proporcionalidad de la sanción se encuentra íntimamente ligada a la finalidad de los procesos disciplinarios.

El imputado quiso anular la sentencia que lo condenó, acusando el tardío ingreso del medio probatorio a la causa, tesis que fue desechada por la Corte Suprema, que estimó que si dicha pericia fue anunciada en la audiencia preparatoria, la defensa no puede alegar con posterioridad que le resultaba desconocida por ser incorporada después del periodo de investigación.