Los términos de la prescripción no se deben aplicar con un formalismo excesivo que impida el acceso a la justicia para que se analice el mérito de un reclamo, por lo que, en casos de indemnización por lesiones, debe permitirse ejercer el derecho a partir de que la persona efectivamente se encuentre en condiciones de conocer y evaluar el daño sufrido.

Se constatan cambios en la legislación del Estado para proteger a las víctimas de la «pornografía de venganza», los cuales entraron en vigor demasiado tarde para proteger a la víctima. Se observa que no existían otras disposiciones vigentes que pudieran haber protegido sus derechos, por lo que este Tribunal estima que el marco legal de Rumanía aplicable al caso era inadecuado.

Tuvo en cuenta que la medida cuestionada se adoptó en el seno de la asociación recurrida, por el órgano que los propios asociados han determinado al efecto, en cumplimiento de las reglas que se ha dado la organización en ejercicio de su propia autonomía como órgano intermedio, y a las que voluntariamente han accedido cada uno de los integrantes de la agrupación, y con los resguardos procedimentales establecidos para ello.

Las autoridades no aplicaron rigurosamente los protocolos, actuaron con deficiencias. En particular, frente a denuncias serias de que el acusado había sido violento y probablemente estaba en posesión ilegal de armas. No actuaron de una manera inmediata y decisiva que podría haber alterado el trágico desenlace.

La finalidad del principio de acción sin daño en los segundos ocupantes es reducir el impacto que puede traer para estos sujetos las medidas de restitución de tierras, sin menoscabar la protección de las víctimas del conflicto armado y las víctimas de despojo. Por esta razón, las medidas de protección a los segundos ocupantes se encuentran circunscritas a ciertos criterios.

No está específicamente prohibido que un tribunal base una decisión en un testimonio incriminatorio ofrecido por un cómplice. Sin embargo, dado que esto puede afectar la equidad del juicio, se debe evaluar la equidad del procedimiento penal en su conjunto.

Los procesos pueden interferir en la capacidad del presidente para desempeñar sus funciones constitucionales, lo que sería incompatible con el diseño institucional del gobierno federal. En consecuencia, el fiscal solicitó que los casos fueran desestimados, sin perjuicio de que puedan ser retomados en el futuro si las circunstancias lo ameritan.

El ejercicio de las actividades de inteligencia a cargo de los organismos del Estado, dados los medios empleados y su incidencia en la obtención y utilización de información, incluidos datos personales, supone una injerencia en la esfera de derechos de las personas, en particular del derecho a la vida privada.

El análisis incluye cuatro categorías de derechos: los relacionados con la integridad física, tales como la prevención de tortura y desapariciones forzadas; los derechos de empoderamiento, entre ellos, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres; los derechos laborales, como la prohibición del trabajo infantil y la protección de los trabajadores; y los derechos relacionados con el acceso a la justicia, que incluye el derecho a un juicio justo.

No obstante que la imagen publicada estaba pixelada en su rostro, se aportaron en tal publicación datos personales -nombre completo, edad y dirección exacta de residencia- que el propietario y editor del medio manifiesta haber sido brindada por la policía interviniente. En el presente caso, lo relevante radica en que la imagen fue revelada sin el consentimiento de su titular, cuya protección encuentra tutela en la ley.