No obstante que la imagen publicada estaba pixelada en su rostro, se aportaron en tal publicación datos personales -nombre completo, edad y dirección exacta de residencia- que el propietario y editor del medio manifiesta haber sido brindada por la policía interviniente. En el presente caso, lo relevante radica en que la imagen fue revelada sin el consentimiento de su titular, cuya protección encuentra tutela en la ley.

El requisito de vacunación, como condición para la vinculación laboral en un contexto posterior a la culminación de la emergencia sanitaria, no satisface las exigencias del juicio de igualdad y resulta discriminatorio en tanto supone una preferencia injustificada hacia las personas que han optado por aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

El artículo 37.1 del Convenio permite a este Tribunal eliminar un caso de su lista si “por cualquier otra razón establecida por el Tribunal, ya no se justifica continuar con el examen de la solicitud”. Sin embargo, se debe continuar con el examen de la solicitud si el respeto por los derechos humanos, tal como se define en la Convención y sus Protocolos, así lo requiere.

Según las acusaciones, estas demoliciones fueron ejecutadas sin una orden judicial o proceso legal, y presuntamente con la colaboración de funcionarios locales. La Corte estableció que tales demoliciones, al ser arbitrarias y desproporcionadas, constituyen una violación de los derechos fundamentales de los afectados.

El que la red social tenga un amplio arbitrio, conforme al contrato, para manejar su relación con el actor, no significa que, con este fundamento, pueda obrar de manera arbitraria. En el trámite de este proceso, la accionada no demostró y, en realidad, ni siquiera tuvo el mínimo interés en demostrar de qué modo el actor transgredió los términos y condiciones del contrato.

Los acuerdos, inicialmente avalados por la autoridad supervisora de la comisión militar en Guantánamo, fueron objeto de negociación entre los fiscales gubernamentales y los abogados defensores. Tras darse a conocer públicamente, los acuerdos suscitaron objeciones de algunos sectores.

La preocupación esencial es la falta de un marco práctico para la protección del secreto profesional de los abogados en casos como el presente. Además, el derecho interno no parece contener ningún procedimiento o garantía específica para abordar el examen de los soportes de datos electrónicos y evitar que se vea comprometida la comunicación amparada por el secreto profesional.

Los jueces tomaron pruebas directamente de los coacusados y de un testigo particularmente importante. Además, el uso por parte de los tribunales de una grabación de otros testimonios de testigos para adoptar sus decisiones era compatible con los requisitos del derecho de la solicitante a un justo juicio y no comprometió la esencia de dicho derecho.

Cuando existen procedimientos simplificados, el acusado no debe ser privado arbitrariamente de ellos. Teniendo en cuenta el marco jurídico vigente en el momento en que el demandante solicitó el procedimiento simplificado, no podía esperar legítimamente recibir una pena distinta de la cadena perpetua sin aislamiento diurno. La sentencia era previsible y por lo tanto no hubo violación del derecho del actor a un juicio justo.

La defensa de Sergio Muñoz aclaró que este recurso se interpuso sin consentimiento ni conocimiento del suspendido magistrado.