Con el fin de aclarar defectos en la descripción corporal del acusado, el TOP de Puente Alto acompañó el documento emitido por Gendarmería de Chile, pero esta diligencia no afecta la imparcialidad del juzgador, al quedar asentado que dicho instrumento no fue la prueba determinante para que los jueces se formaran convicción condenatoria.

La escuela de Carabineros ha incurrido en una tardanza excesiva y no justificada en la tramitación de la investigación disciplinaria, conculcando de esa forma la garantía de un justo y racional procedimiento; pero lo que es más grave aún, el de igualdad ante la ley.

La falta total de motivación en la sentencia del Tribunal Penal de 2018 había constituido claramente una violación del principio de protección contra la arbitrariedad consagrado en el artículo 5.1 del Convenio, teniendo en cuenta, en particular, que el demandante estaba, en ese momento, encarcelado en virtud de una sentencia que imponía una pena de prisión de ocho años a otra persona.

La protección de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y personas gestantes implica que el Estado y los prestadores de servicios de salud están en la obligación de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, bajo parámetros de confidencialidad, intimidad y libertad, so pena de incurrir en una conducta violatoria de aquellos.

Si se recibió una orden para obtener esa información, que desconocemos de quien partiría o en relación a qué asunto, no constando nada sobre esta potencial versión en la sede policial según informa el comisario jefe no podemos asumir en modo alguno el alegato exculpatorio. El hecho de mantener una relación, evidentemente mala, y un choque manifiestamente grave con el demandante, no invalida las pruebas objetivas ni impide el ejercicio de la denuncia.

Aunque se reconocían las violaciones a la Carta, la policía actuó con una base razonable para sospechar del acusado, dada su vinculación con pandillas y el contexto de su detención en una zona de alta criminalidad. Se concluyó que la gravedad de las violaciones no justificaba la exclusión de la prueba.

Las deficiencias del caso demostraron un flagrante incumplimiento del deber de investigar las graves denuncias de trata de seres humanos, un delito con consecuencias devastadoras para sus víctimas, por lo que se había producido una violación del artículo 4 (aspecto procesal) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En su libelo, denunció que la formulación del segundo cargo se llevó a cabo varios meses después del inicio del sumario, cuando el término probatorio ya había concluido, impidiéndole realizar descargos al respecto. Alega vulnerado su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a su legítima defensa.

Tras la falta de la apoderada y secretaria del Centro General de Padres, se activaron los protocolos de actuación y se siguió el procedimiento establecido al efecto por el equipo de convivencia escolar, adoptando las medidas que la naturaleza de la falta gravísima trae aparejada.

Toda resolución administrativa debe estar debidamente motivada para no constituir un acto arbitrario que vulnere los derechos fundamentales. La falta de fundamentación convierte dicha resolución en un acto ilegal y arbitrario, atentando contra los principios de justicia y equidad.