El procedimiento penal, en su conjunto, brindó al demandante las garantías adecuadas para ejercer sus derechos de defensa. Aunque tuvo en cuenta el posible peso de las pruebas obtenidas o proporcionadas por los periodistas —en particular las grabaciones— y las dificultades que su uso podría haber creado para la defensa, se observa que el demandante pudo presentar sus argumentos ante los tribunales nacionales.

El recurrido manifestó que las expresiones emitidas por la juzgadora evidenciaron un sesgo en contra del acusado. No obstante, el Tribunal Supremo sostuvo que la opinión de la jueza se refirió a la forma de examinar la prueba testimonial por parte del letrado, y no hacia cuestiones de fondo, por lo que el tribunal no perdió imparcialidad.

El Tribunal Supremo revocó esta decisión al considerar que la política del museo se enmarcaba dentro de una exención legal contemplada en la Parte 5 de la Ley Antidiscriminación, que permite exclusiones cuando estas persiguen un objetivo legítimo, como la “corrección de desigualdades sociales basadas en el género”.

No es prueba ilícita la grabación de un interlocutor de la conversación en que interviene –la ilicitud, desde la garantía del secreto de las comunicaciones, proviene de un tercero no involucrado en ella–. Existe línea jurisprudencial respecto a la necesidad de acreditar el pacto colusorio, que se expresa a través de la cadena de indicios.

El único argumento establecido por el ad quem para tomar la decisión de revocar la sentencia apelada, fue el relativo a la falta de comunicación al trabajador de la falta imputada, lo que, a decir del tribunal ad quem, vulneraría el derecho de defensa del demandante. Sin embargo, tal como lo ha notado el recurrente, no existe mayor pronunciamiento del fondo del proceso.

La autoridad incumplió sus obligaciones relativas al regreso, reasentamiento y reintegración de los afectados por el desplazamiento por factores ambientales. Estas obligaciones encuentran su fundamento, entre otros, en los artículos 1, 51, 90 y 95 de la Constitución, así como en los Principios Deng y Pinheiro.

Los tribunales solo centraron su evaluación en la naturaleza y la gravedad del delito, sin tener en cuenta que el demandante ya no representaba una amenaza para la seguridad pública. En particular, poco después de su condena, había encontrado un trabajo a tiempo completo que había conservado hasta su expulsión, y no cometió nuevos ilícitos.

El máximo Tribunal reconoció que la declaración de la victima -realizada desde la ciudad de Bogotá- infringe el principio de territorialidad, y, por ende, el debido proceso. No obstante, aquella no era la única prueba que sustentó la condena del acusado, por lo que la infracción denunciada no influyó sustancialmente en el fallo.

Esta obligación debe cumplirse antes de que sean interrogados por primera vez por la policía o por otra autoridad policial o judicial y, como muy tarde, durante dicho interrogatorio. En principio, estas autoridades no pueden interrogar al menor si no recibe efectivamente esa asistencia.

La circunstancia de que el abogado de la demandada haya enviado un mensaje, en el cual manifiesta conocer la existencia de un proceso de rebaja de alimentos, no implica que dicha parte se encuentre notificada efectiva o tácitamente del contenido de la demanda ni de la prueba aportada por la actora o que los conozca en detalle, ni tal extremo ha sido acreditado por el actor, ni surge del sistema digital.