El máximo Tribunal confirmó la decisión de expulsión de un club, destacando el cumplimiento de los reglamentos internos de la liga deportiva.
La ley también instituye la figura del Defensor del Pueblo, quien será responsable de recibir y evaluar denuncias. Este funcionario tendrá la autoridad para decidir si procede una investigación y garantizará que no se tomen represalias contra aquellos que presenten denuncias o participen en inspecciones. Además, el Defensor del Pueblo deberá informar a las personas encarceladas y al público sobre sus funciones y actividades.
El Tribunal Constitucional incumplió su obligación de comunicar a los demandantes razones válidas para justificar su decisión de rechazar los recursos, lo que equivale a una violación del artículo 6 del Convenio. Como resultado de esta decisión, los demandantes ahora tendrán la posibilidad de obtener la reapertura del procedimiento que les concierne.
El juez encontró «pruebas claras y convincentes» que demostraban su inocencia. Asimismo, determinó que la condena original se basó en un testimonio no fiable, ya que Hemme había realizado su primera declaración a la policía mientras estaba bajo tratamiento médico con antipsicóticos y sedantes, y con restricciones físicas.
La Marina revisó las sentencias y dictaminó la reducción de las mismas para la mayoría de los condenados, y la anulación de las condenas para dos de ellos. No obstante, la reciente exoneración de los 256 marineros afroamericanos reconoce los errores legales y procesales cometidos por los tribunales militares iniciales, proporcionando una rectificación a las condenas impuestas.
No se puede considerar que las autoridades hubieran subestimado el riesgo de un ataque terrorista o que una inteligencia más precisa, una mejor planificación y recurrir a otras medidas preventivas hubieran evitado los eventos que llevaron a la muerte de varias personas y a la lesión del demandante.
Los jueces, en el caso, deberán guiarse por principios de carácter convencional y constitucional, como son el “interés superior del niño” y la “protección de la unidad familiar”, conforme lo ha hecho ya la Corte Suprema de la Justicia de la República en numerosas sentencias.
El letrado no asistió a una audiencia de coordinación de juicio oral, justificándose de forma posterior. No obstante, y pese a que el acusado manifestó en reiteradas ocasiones que deseaba volver a ser representado por su abogado de confianza, el tribunal no autorizó el patrocinio y designó de oficio al defensor penal público, infringiendo con ello el debido proceso.
El acusado fue observado por personal de Carabineros mientras vendía papelillos con estupefacientes afuera de su domicilio, indicio habilitante que permitió a los funcionarios el registro del inmueble, levantando evidencia incriminatoria contra el recurrente, que se dedicaba al comercio de pequeñas cantidades de droga.
No se puede decir que la negativa de indemnización por parte de las autoridades atribuya culpa penal a los demandantes. La denegación de las reclamaciones de indemnización de los demandantes en virtud del artículo 133 (1ZA) de la Ley de 1988 no violó la presunción de inocencia en su segundo aspecto.
