Desde el año 2010 hasta el 2019, el Tribunal Constitucional mantuvo una línea jurisprudencial conforme a la cual rechazaba los requerimientos de inaplicabilidad interpuesto en contra del artículo 248 letra c) el Código Procesal Penal. Sin embargo, en una nueva línea jurisprudencial, este artículo resulta inaplicable y contrario a derecho, refiere el recurrido.
Al momento de decidir sobre la aplicación de la institución del abono heterogéneo, se debe apuntar al tiempo que una persona estuvo privada de libertad sin que finalmente se la haya condenado, cualquiera sea la forma de término de dicha investigación.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a ejercer la acción penal, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que existen diligencias pendientes, no podrá ejercer su derecho a la acción penal en contra de los encapuchados que atentaron contra la Iglesia durante el estallido social.
La empresa no puede asilarse en su rol de intermediaria, para desligarse de la responsabilidad que le asiste al permitir que terceros injurien al recurrido, especialmente si el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra el actor; por lo tanto, éste puede ampararse en el derecho al olvido y exigir la eliminación de los comentarios vertidos en su contra.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que, al no haberse formalizado la investigación, la decisión de no perseverar en el procedimiento hace imposible el ejercicio del derecho a la acción penal por parte de la víctima.
El ente persecutor decidió no perseverar por lo que en la causa no ha recaído sobreseimiento definitivo ni sentencia absolutoria. Además, actualmente purga pena por un delito que fue cometido precisamente en la época que cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, lo que interrumpió el curso de una eventual prescripción.
El requirente estima que la norma objetada resulta discriminatoria y atentatoria contra su derecho a la defensa.
El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
