La requirente sostiene que la aplicación del precepto legal impugnado produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de los derechos y contraviene garantías mínimas del debido proceso, al declararse inhábiles testigos dependientes que son los únicos que pueden acreditar el hecho controvertido.
El máximo Tribunal estimó que los dichos del recurrente fueron confirmados con posterioridad ante otros intervinientes, e incluso, los expresó con mayor detalle durante el juicio al renunciar a su derecho a guardar silencio.
La condena agravada impuesta al recurrente no excede los limites de la ley, pues al existir delito reiterado el tribunal estaba facultado para aumentar dos grados la pena del delito más grave, lo que en la especie ocurrió.
