El municipio debe cubrir los pagos de la seguridad social del período en que no existía entre las partes la cláusula que imponía al demandante la obligación de pagar personalmente sus obligaciones previsionales.

Esto es así para evitar un doble pago injusto en contra del demandado, por lo que las eventuales lagunas previsionales que se registren durante el período que se mantuvo vigente la relación entre las partes, son de exclusiva responsabilidad del trabajador.

Sin embargo, el máximo Tribunal sostuvo que es improcedente el cobro de prestaciones previsionales, al existir entre las partes cláusula que obligaba al funcionario a pagar las obligaciones de la seguridad social, lo que hizo de forma intermitente.

La actora desempeñó labores de índole general en beneficio de la comunidad sujeta a subordinación y dependencia, por lo tanto, el vínculo entre ambas partes es de índole laboral y no estatutario.

No obstante, el máximo Tribunal estimó que no procede el pago de cotizaciones previsionales -sólo aquellas de cesantía-, al poseer todos los contratos firmados entre el letrado y la SEREMI la cláusula relativa a impuestos y previsión, en la cual, el prestador se comprometía a pagar sus obligaciones previsionales, lo que hizo de forma parcial.

Por aplicación del principio de especialidad, dichos profesionales se encuentran reglados por el Estatuto Docente, por tanto, su contratación no posee el carácter de laboral, y rigen a su respecto las normas del Estatuto especial al momento de finalizar su prestación de servicios.

La actora celebró con el municipio 8 contratos de honorarios entre abril de 2020 y abril de 2021, para prestar servicios como administrativa en un programa de salud. El máximo Tribunal estimó que, por aplicación del principio de primacía de la realidad, dichos contratos deben regirse por el Código del Trabajo, al existir en la especie subordinación y dependencia en los términos del artículo 7 del dicho cuerpo legal.

La magistratura declaró como laboral la relación existente entre el municipio y la demandante por lo que debe pagar las cotizaciones que no aportó durante el periodo trabajado. La excepción de pago opuesta por el municipio es improcedente debido a que las parcialidades que la trabajadora pagó a la seguridad social no constan como propias del servicio prestado a la demandada.

El máximo Tribunal consideró que la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, no puede aplicarse a los contratos celebrados por la administración debido a la imposibilidad de convalidación. No obstante, ordenó el pago de las deudas previsionales por el período en que el Servicio se obligó a retener tal pago al trabajador.

Para el máximo tribunal, el pago de la cuota previsional es una obligación legal que vela por el futuro del trabajador para brindarle un sustento digno para su vejez, por lo que su omisión constituye un incumplimiento grave de parte del municipio.