Al establecer el precepto legal objetado que el contribuyente que presente una declaración jurada incompleta sobre la celebración y ejecución de contratos derivados no podrá deducir las pérdidas reales y efectivas que hubiere experimentado, sin distinguir respecto de las declaraciones falsas, establece un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto, una sanción desproporcionada, contraria a la igualdad ante la ley, y a un racional y justo procedimiento tributario, alega el requirente.