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Resolvió que el decreto de demolición se basa en el certificado de informaciones previas emitido por la recurrida con anterioridad a que la recurrente adquiriera su terreno, por lo que resulta evidente que fue ella quien debió obtener la información necesaria para conocer el uso del terreno y las limitaciones que pudiese tener, antes de adquirirlo y construir sobre él, lo cual no hizo.
4 de enero de 2025