El recurrente señala que se vio involucrado en un proceso judicial a raíz de un trágico incidente en el marco del estallido social de 2019 y admite la gravedad de los hechos y reconoce el dolor de las víctimas, pero argumenta que esto no justifica la negación de la dictación del Decreto de inutilidad y su posterior tramitación ante la Contraloría General de la República, dado que este procedimiento es un derecho, independientemente del resultado de la causa en su contra.