Denuncia varias ilegalidades del Decreto Nº 24, señalando que no se respetaron las normas de participación ciudadana, que el acto administrativo carece de la debida fundamentación, lo que infringe la normativa sobre el procedimiento administrativo, y resulta en un trato desigual para los productores de alimentos, afectando su capacidad para operar en condiciones justas y competitivas.