Los actos de los recurrentes dejaron al acusado sin la defensa técnica que le es indispensable, por lo que incurrieron en el abandono de la defensa que prohíbe el artículo 103 bis del Código Procesal Penal.

La Defensoría se negó aduciendo que son datos personales de sus representados.

El máximo Tribunal estableció que los recurridos incurrieron en falta o abuso grave al acoger reclamación presentada por la sociedad que fue amonestada por incumplir obligaciones contractuales y afectar derecho a defensa de representado.