La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de la ciudadanía de recibir respuestas oportunas y efectivas por parte de las policías, cuando se es víctima de un delito de hurto o robo de un bien del cual puede acreditar propiedad y su ubicación.
El senador Juan Antonio Coloma relevó que se hayan despachado 23 iniciativas, pero lamentó que existan algunas sin avanzar. Hizo un llamado a impulsar la Defensoría de la Víctimas, la modernización del sistema de inteligencia y las reglas del uso de la fuerza, entre otras.
El aumento de homicidios no es homogéneo a nivel regional, existiendo diferencias enormes entre la que cuenta con una tasa más alta (Arica y Parinacota) y la más baja (Magallanes), dando cuenta de una tendencia a que las más altas se concentren en el extremo norte y, en cambio, las más bajas, en el extremo sur.
El máximo tribunal valora la iniciativa, pero evalúa negativamente las modificaciones que se pretenden introducir al ampliar el mecanismo de procedimientos abreviados, lo que puede transformar al sistema de justicia en uno en el que prime la negociación de las condenas.
La resolución pide al Ejecutivo medidas al respecto y crear mecanismos de denuncia, fiscalización y sanción que protejan a funcionarios denunciantes.
Tras conocer los últimos índices de victimización de Paz Ciudadana, el senador Juan Antonio Coloma llamó al gobierno a acelerar la tramitación de las iniciativas que forman parte de la Agenda de Seguridad y que “apuntan precisamente a enfrentar el alto temor de la población a sufrir delitos”.
Este miércoles 8 de marzo, la comisión quiso interiorizarse sobre los hechos teniendo como fuente al director general de Aeronáutica Civil. La autoridad informó que hay un reforzamiento de los perímetros, pero reconoció que las bandas operan hoy con alto impacto y agresividad.
A través de tres resoluciones se propone aumentar la bonificación de riesgo percibida por carabineros; incrementar el presupuesto del Ministerio Público; y reactivar la agenda legislativa relativa a seguridad pública.
El texto, en segundo trámite, avanza en modernizar el delito de asociación ilícita, regula de forma sistemática y orgánica las técnicas especiales de investigación, extiende el alcance de estas técnicas a todos los casos de criminalidad organizada y amplía medidas especiales para víctimas y testigos.
La iniciativa busca disminuir los niveles de delincuencia juvenil y la sensación de inseguridad que existe actualmente en la ciudadanía, generando incentivos reales que impulsen a los menores de edad a dejar de delinquir.
La Comisión de Seguridad Pública analizará esta iniciativa que plantea un reordenamiento y enfrentar los temas de delincuencia con un sistema de seguridad especializado.
