Se constatan cambios en la legislación del Estado para proteger a las víctimas de la «pornografía de venganza», los cuales entraron en vigor demasiado tarde para proteger a la víctima. Se observa que no existían otras disposiciones vigentes que pudieran haber protegido sus derechos, por lo que este Tribunal estima que el marco legal de Rumanía aplicable al caso era inadecuado.
6 de diciembre de 2024