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El magistrado del caso remitió al abogado denunciante al comité de quejas del tribunal para la evaluación de medidas correctivas o asesoramiento sobre el ejercicio profesional. Además, se le ordenó el pago de una sanción económica de 200 dólares al Colegio de Abogados del Tribunal Federal del Suroeste de Florida, con el propósito de contribuir a iniciativas destinadas a mejorar la práctica jurídica.